Cuando Izquierda Unida presentó una propuesta en la comisión constitucional del senado en la que se pedía al Gobierno la rehabilitación ciudadana y democrática de la figura de Julián Grimau, víctima de la represión franquista, Fraga y todo el Grupo Popular se opusieron a la iniciativa, aprobada con los votos de los demás grupos políticos.
El líder de la oposición antifranquista Julián Grimau, dirigente del Partido Comunista de España, fue torturado en la Dirección General de Seguridad donde intentaron asesinarle tirándole por la ventana tras su detención en 1962, luego fue juzgado por un tribunal militar sin las más mínimas garantías en un consejo de guerra por rebelión militar, unas horas después fue condenado a muerte. El Consejo de Ministros reunido el día 19 de abril adoptó la decisión unánime de firmar la sentencia y realizar la ejecución, el asesinato finalmente se produjo en la madrugada 20 de abril de 1963.
Las reacciones internacionales de protesta no se hicieron esperar, la presión internacional al régimen fue enorme, incluso el entonces Papa Juan XXIII intercedió para que se conmutara la pena, las manifestaciones fueron abundantes y multitudinarias en muchas capitales europeas y latinoamericanas, pero no sirvieron para detener la ejecución. El Ministerio de información del régimen desarrollo una intensa campaña de propaganda para contrarrestar la reacción internacional ante estos hechos tratando de identificar a Julián Grimau como un criminal. El ministro de información era Manuel Fraga, ahora desde las gradas del senado se le decía que pidiera perdón, pero no intervino en el debate, permaneció sentado en su asiento sin sin mover un músculo cuando él avaló aquel asesinato, ya que formaba parte del Consejo de Ministros presidido por Franco que no atendió ni la llamada del Papa. Fraga había dicho que justificaba el fusilamiento de Grimau al que tachó de sanguinario asesino.
Han pasado más de cuarenta años desde que se produjo este crimen, y los asesinos de este y otros defensores de la libertad no han sido condenados y siguen presentes en la vida política, algo impensable en una democracia. Todos las afectados, víctimas, familiares y asociaciones, piden la anulación de los juicios de la dictadura y que se procese y condene a los responsables de estos crímenes para terminar con la impunidad en el estado español. El partido en el gobierno tiene una deuda con las víctimas del franquismo y con las de la transición, ya que cuando pudo no hizo nada por las personas que fueron represaliadas durante la dictadura, y porque la propuesta de ley de memoria histórica supone un paso atrás respecto de los pequeños pasos hacia la lenta y costosa rehabilitación de los luchadores y luchadoras por las libertades que se han dado en los últimos años gracias al esfuerzo de los familiares de las víctimas y de las organizaciones que reivindican la memoria histórica.
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