Por Manuel Fernández-Cuesta
“La revolución es la guerra de la libertad contra sus enemigos: la Constitución es el régimen de la libertad victoriosa y apacible. Los países libres son aquellos en los que son respetados los derechos del hombre y donde las leyes, por consiguiente, son justas. El ser humano ha nacido para la felicidad y para la libertad y en todas partes es esclavo e infeliz. La sociedad tiene como fin la conservación de sus derechos y la perfección de su ser; y por todas partes la sociedad lo degrada y lo oprime. Ha llegado el tiempo de recordarle sus verdaderos destinos. Cuando la tiranía se derrumba procuremos no darle tiempo para que se levante". Maximilien Robespierre, 25 de diciembre de 1793, discurso en la Convención
Parece que el modelo político y económico español se resquebraja. La alianza entre las fuerzas renovadoras del franquismo y los partidos y formaciones de la oposición, que dio paso a la Constitución de 1978, está llegando a su fin. Algunos de los problemas resueltos con prisa de huracán o peor aún, silenciados, reaparecen: auge del nacionalismo periférico y reacción del centralismo (castizo) español; supeditación de la organización política y social a la economía de mercado y sus intereses financieros; pérdida real del valor de la soberanía popular en beneficio de grupos de presión, revisionismo histórico, supresión de derechos adquiridos y merma sustancial de la protección que conlleva el estado del bienestar, entre otros. En este contexto, miles de ciudadanos están reclamando, en foros y asambleas, un nuevo pacto constitucional, es decir, el inicio de un proceso constituyente que finalice con la elección de Cortes Constituyentes y la redacción de una nueva Carta Magna que recoja las aspiraciones y anhelos de una ciudadanía moderna, hija de las identidades múltiples del siglo XXI: una república democrática. Ejecutado en la guillotina el 28 de julio (10 Termidor) de 1794, cerca de Errancis, junto con Saint-Just y veinte revolucionarios más, resulta sorprendente comprobar cómo hoy, más de dos siglos después, la cabeza política de Robespierre -el hombre, junto con el Comité de Salud Pública, que consolidó la Revolución francesa de 1789, salvando los progresos y logros de la República y su esencia democrática- sigue vagando, malherida, vilipendiada, cubierta de cal, por las cloacas de la Historia (neoliberal) cuando debería ser un referente, europeo y solidario, en tiempos de pánico institucional y zozobra ética.
La crisis financiera que arrancó el verano de 2007 está produciendo un bloqueo democrático tanto en los órganos de gobierno, centros locales de toma de decisiones, como en la vida de la comunidad. La libertad y la igualdad, pilares del sistema, están siendo amenazadas por la prevalencia de un supuesto estado de necesidad universal, estado de excepción permanente, por usar la fórmula de G. Agamben, al cual se supeditan todas las aspiraciones de transformación y progreso: “ahora no es el momento”, repiten, mantra de hielo, las instancias superiores. Hasta Juan Carlos I, Rey de España, bisagra entre la católica dictadura militar y la democracia (no es necesario recordar que juró cuantas legislaciones le pusieron delante), entra en escena pidiendo, exigiendo, unidad de acción (unidad de destino) y una devota adhesión inquebrantable al Gobierno, en este caso del PP -hubiera sido igual con el PSOE- frente a la trascendencia del desplome financiero global. Al mismo tiempo, una parte significativa de la población, los más desfavorecidos (parados, trabajadores con salarios bajos, precarizados, pensionistas, mujeres, jóvenes sin futuro), expresa su malestar siendo reprimida por el ejecutivo nacional y por los pintorescos gobiernos autónomos. Manifestaciones, ocupaciones del espacio público y demás actos cívicos de protesta -excesos y provocaciones al margen, que han existido siempre en la confrontación política- son percibidos como un ataque frontal a las instituciones democráticas que se defienden -mandan las superestructuras económicas- con la policía. Parece que la política de los políticos (y sus zafiedades), haya suplantado a la política de los ciudadanos (y sus deseos). “Cuando el gobierno viola derechos, la insurrección es para el pueblo, y para cada sector del pueblo, el más sagrado e indispensable de los deberes”, se recoge en el proyecto de Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1793, superador del canónico texto de 1789 (que ya reconocía, por cierto, “el derecho a resistir a la opresión”).
Sometido a instancias supranacionales -una falaz cesión de soberanía que no ha sido refrendada por la mayoría de los estados miembros de la Unión Europea- el gobierno electo acata dictados contrarios al bienestar y desarrollo integral de la mayoría social, es decir, gobierna contra su pueblo, escuchando más a las instituciones financieras mundiales (FMI, BM) que a su propio cuerpo electoral. Cuando el sistema de garantías creado por la Constitución de 1978 es incapaz de impedir o, cuando menos, frenar el deterioro del consenso y la armonía social, urge un cambio de modelo, acorde con las legítimas demandas de una ciudadanía plural, la multitudo spinozista, que “siente e interpreta” las reivindicaciones de una forma distinta a la conocida hasta la fecha (heredera del siglo XIX), y que expresa su disconformidad -desde el fenómeno del 15M hasta los movimientos que propugnan una entrada pacífica en el Congreso de los Diputados- con procedimientos novedosos. La senda constitucional abierta en 1978, que ha permitido recorrer, no sin cierto éxito, una parte del camino de la dictadura -pese a las infinitas secuelas psicológicas y sociales- a la democracia de mercado, parece que llega a una vía muerta. Los partidos mayoritarios -maquinarias de perpetuación de castas o “clase extractiva”, según terminología (liberal) de moda- se están mostrando incapaces para resolver la crisis e impedir el deterioro de la calidad democrática, y viven este “desbordamiento” democrático, “que no, que no nos representan”, bien con el temor a una pérdida de apoyo electoral (PP), bien como drama psicológico de espera beckettiana (PSOE), cuando sólo debería ser entendido, si interpretaran la realidad con lupa demoscópica, como una llamada de atención emocional, una petición de principio o natural evolución, acorde con la sorprendente naturaleza individual de la vida tecnológica y consumista (la metástasis del sistema-mundo capitalista creado a raíz de los acuerdos de Bretton Woods, 1944), donde la política, la sociedad y las relaciones laborales están mutando, sin saber bien hacia dónde, ni con qué fin, a velocidad de vértigo. Robespierre, el 10 de mayo de 1793, ante la Convención, teoriza la radicalidad democrática, eso que ahora se denomina “desbordamiento”, fijando los principios de acción y el tempo revolucionario: “Un pueblo cuyos mandatarios no deben dar cuenta de su gestión a nadie no tiene Constitución. Un pueblo cuyos mandatarios sólo rinden cuentas a otros mandatarios inviolables, no tiene Constitución, ya que depende de éstos traicionarlo impunemente y dejar que lo traicionen los otros. Si éste es el sentido que se le confiere al gobierno representativo, confieso que adopto todos los anatemas pronunciados contra él por Jean-Jacques Rousseau.” La argumentación de Robespierre, tomada de sus Discursos, editados con el título Por la felicidad y por la libertad (2005), elegante hasta en su formalidad literaria, parece escrita para momentos de déficit de soberanía y vacío de poder. Su reflexión es una mirada limpia al poder constituyente: hacia una estructura firme pero flexible, reticular, que impida, por inoperancia o miedo, la parálisis del sistema nervioso central del Estado. ¿Qué es legítimo hacer cuando los gobernantes dan la espalda a una parte, numerosa, del cuerpo electoral, y reaccionan solo ante las exigencias de las oligarquías financieras? Como sostiene Georges Labica, por debajo del pensamiento de Robespierre discurre una “política de la filosofía”.
La democracia o es virtuosa, justa y excelsa hasta el extremo, diría el abogado de Arrás, o no es democracia. Es más, o favorece el interés de la mayoría, o no merece tal nombre. Robespierre vivía obsesionado con la suerte de los desfavorecidos y el respeto a las decisiones de las mayorías. Pese a la brutalidad e ignorancia de la Historia liberal -parecido al caso de V.I. Lenin- Robespierre procuró contener los excesos jurídicos y políticos de dirigentes como Barère o Danton comportándose, en muchos instantes del proceso revolucionario, con paciencia y moderación: un “centrista” dentro del partido de la Montaña. Georges Lefebvre, uno de los primeros historiadores que desveló el velo de terror sangriento que envolvía su figura afirmó que “fue un hombre magnífico, defendió la democracia y el sufragio universal de 1789 (…) y en circunstancias normales nunca hubiera apoyado la pena de muerte ni la censura de prensa”.
El Proyecto de Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, antes citado, fue presentado ante la Convención el 24 de abril de 1793. Su articulado serviría de base a la Constitución de 1793, texto que, recuerda Albert Soboul en La revolución francesa (1966), “sería para los republicanos de la primera mitad del siglo XIX el símbolo de la democracia política”. Cuando los incesantes recortes del neoliberalismo -Alemania está ganando la guerra mundial que perdió en Stalingrado- afectan de manera indiscriminada a las prestaciones sociales se puede leer el artículo 21, repito la fecha, abril de 1793: “El socorro público es una deuda sagrada. La sociedad debe asistencia a los ciudadanos desgraciados, bien procurándoles trabajo, bien asegurando los medios de existencia para aquellos que no están en situación de trabajar.”
Frente a la pérdida de aliento del sistema de 1978, el nuevo proceso constituyente, un renovado contrato social, con un fuerte carácter anti-individualista, debería exigir, de entrada, la recuperación de la soberanía perdida (su ser es ser en acción) y la permanente exigencia a los gobernantes de sus responsabilidades públicas. Ante el descrédito del Estado y de las instituciones, y la desconfianza que generan los políticos, minados por abusos y corrupciones, Robespierre sostenía (1793) que “el principio de responsabilidad moral -imperativo mayor de la democracia, podríamos añadir- exige además que los agentes del gobierno rindan, en épocas determinadas y con bastante continuidad, cuentas exactas y circunstancias de su gestión. Que las cuentas sean hechas públicas por la vía de la impresión y sometidas a la censura de todos los ciudadanos. Que sean enviadas, en consecuencia, a todos los departamentos, a todas las administraciones y a todas las comunas.” Cambio 16, una de las publicaciones más influyentes en la Transición, recogía unas declaraciones de Felipe González, Secretario General del PSOE, a la salida del colegio electoral, 6 de diciembre de 1978, la jornada que refrendó la Constitución. Preguntado por la vigencia del texto que se sometía a votación respondió: “Espero que decenios y decenios, y si es posible, de un siglo a dos”. Nada como el desparpajo y el tronío.
En una reciente biografía, Robespierre. Una vida revolucionaria (2012), Peter McPhee narra, a modo de conclusión, las vicisitudes del reconocimiento del revolucionario. El 30 de septiembre de 2009, el pleno municipal de la ciudad de París rechazó la moción de un concejal (socialista) que solicitaba poner el nombre de Robespierre a una calle o a una plaza en la “Ciudad de la Luz”. El concejal, perplejo, argumentó que el dirigente jacobino era “primera y principalmente un revolucionario formado por los ideales de la filosofía de la Ilustración” y no “una caricatura de un verdugo sediento de sangre”. Y un formidable antecedente, se podría añadir, para un dinámico, necesario y urgente proceso constituyente que impulse otra forma democrática de vida en común.
La crisis financiera que arrancó el verano de 2007 está produciendo un bloqueo democrático tanto en los órganos de gobierno, centros locales de toma de decisiones, como en la vida de la comunidad. La libertad y la igualdad, pilares del sistema, están siendo amenazadas por la prevalencia de un supuesto estado de necesidad universal, estado de excepción permanente, por usar la fórmula de G. Agamben, al cual se supeditan todas las aspiraciones de transformación y progreso: “ahora no es el momento”, repiten, mantra de hielo, las instancias superiores. Hasta Juan Carlos I, Rey de España, bisagra entre la católica dictadura militar y la democracia (no es necesario recordar que juró cuantas legislaciones le pusieron delante), entra en escena pidiendo, exigiendo, unidad de acción (unidad de destino) y una devota adhesión inquebrantable al Gobierno, en este caso del PP -hubiera sido igual con el PSOE- frente a la trascendencia del desplome financiero global. Al mismo tiempo, una parte significativa de la población, los más desfavorecidos (parados, trabajadores con salarios bajos, precarizados, pensionistas, mujeres, jóvenes sin futuro), expresa su malestar siendo reprimida por el ejecutivo nacional y por los pintorescos gobiernos autónomos. Manifestaciones, ocupaciones del espacio público y demás actos cívicos de protesta -excesos y provocaciones al margen, que han existido siempre en la confrontación política- son percibidos como un ataque frontal a las instituciones democráticas que se defienden -mandan las superestructuras económicas- con la policía. Parece que la política de los políticos (y sus zafiedades), haya suplantado a la política de los ciudadanos (y sus deseos). “Cuando el gobierno viola derechos, la insurrección es para el pueblo, y para cada sector del pueblo, el más sagrado e indispensable de los deberes”, se recoge en el proyecto de Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1793, superador del canónico texto de 1789 (que ya reconocía, por cierto, “el derecho a resistir a la opresión”).
Sometido a instancias supranacionales -una falaz cesión de soberanía que no ha sido refrendada por la mayoría de los estados miembros de la Unión Europea- el gobierno electo acata dictados contrarios al bienestar y desarrollo integral de la mayoría social, es decir, gobierna contra su pueblo, escuchando más a las instituciones financieras mundiales (FMI, BM) que a su propio cuerpo electoral. Cuando el sistema de garantías creado por la Constitución de 1978 es incapaz de impedir o, cuando menos, frenar el deterioro del consenso y la armonía social, urge un cambio de modelo, acorde con las legítimas demandas de una ciudadanía plural, la multitudo spinozista, que “siente e interpreta” las reivindicaciones de una forma distinta a la conocida hasta la fecha (heredera del siglo XIX), y que expresa su disconformidad -desde el fenómeno del 15M hasta los movimientos que propugnan una entrada pacífica en el Congreso de los Diputados- con procedimientos novedosos. La senda constitucional abierta en 1978, que ha permitido recorrer, no sin cierto éxito, una parte del camino de la dictadura -pese a las infinitas secuelas psicológicas y sociales- a la democracia de mercado, parece que llega a una vía muerta. Los partidos mayoritarios -maquinarias de perpetuación de castas o “clase extractiva”, según terminología (liberal) de moda- se están mostrando incapaces para resolver la crisis e impedir el deterioro de la calidad democrática, y viven este “desbordamiento” democrático, “que no, que no nos representan”, bien con el temor a una pérdida de apoyo electoral (PP), bien como drama psicológico de espera beckettiana (PSOE), cuando sólo debería ser entendido, si interpretaran la realidad con lupa demoscópica, como una llamada de atención emocional, una petición de principio o natural evolución, acorde con la sorprendente naturaleza individual de la vida tecnológica y consumista (la metástasis del sistema-mundo capitalista creado a raíz de los acuerdos de Bretton Woods, 1944), donde la política, la sociedad y las relaciones laborales están mutando, sin saber bien hacia dónde, ni con qué fin, a velocidad de vértigo. Robespierre, el 10 de mayo de 1793, ante la Convención, teoriza la radicalidad democrática, eso que ahora se denomina “desbordamiento”, fijando los principios de acción y el tempo revolucionario: “Un pueblo cuyos mandatarios no deben dar cuenta de su gestión a nadie no tiene Constitución. Un pueblo cuyos mandatarios sólo rinden cuentas a otros mandatarios inviolables, no tiene Constitución, ya que depende de éstos traicionarlo impunemente y dejar que lo traicionen los otros. Si éste es el sentido que se le confiere al gobierno representativo, confieso que adopto todos los anatemas pronunciados contra él por Jean-Jacques Rousseau.” La argumentación de Robespierre, tomada de sus Discursos, editados con el título Por la felicidad y por la libertad (2005), elegante hasta en su formalidad literaria, parece escrita para momentos de déficit de soberanía y vacío de poder. Su reflexión es una mirada limpia al poder constituyente: hacia una estructura firme pero flexible, reticular, que impida, por inoperancia o miedo, la parálisis del sistema nervioso central del Estado. ¿Qué es legítimo hacer cuando los gobernantes dan la espalda a una parte, numerosa, del cuerpo electoral, y reaccionan solo ante las exigencias de las oligarquías financieras? Como sostiene Georges Labica, por debajo del pensamiento de Robespierre discurre una “política de la filosofía”.
La democracia o es virtuosa, justa y excelsa hasta el extremo, diría el abogado de Arrás, o no es democracia. Es más, o favorece el interés de la mayoría, o no merece tal nombre. Robespierre vivía obsesionado con la suerte de los desfavorecidos y el respeto a las decisiones de las mayorías. Pese a la brutalidad e ignorancia de la Historia liberal -parecido al caso de V.I. Lenin- Robespierre procuró contener los excesos jurídicos y políticos de dirigentes como Barère o Danton comportándose, en muchos instantes del proceso revolucionario, con paciencia y moderación: un “centrista” dentro del partido de la Montaña. Georges Lefebvre, uno de los primeros historiadores que desveló el velo de terror sangriento que envolvía su figura afirmó que “fue un hombre magnífico, defendió la democracia y el sufragio universal de 1789 (…) y en circunstancias normales nunca hubiera apoyado la pena de muerte ni la censura de prensa”.
El Proyecto de Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, antes citado, fue presentado ante la Convención el 24 de abril de 1793. Su articulado serviría de base a la Constitución de 1793, texto que, recuerda Albert Soboul en La revolución francesa (1966), “sería para los republicanos de la primera mitad del siglo XIX el símbolo de la democracia política”. Cuando los incesantes recortes del neoliberalismo -Alemania está ganando la guerra mundial que perdió en Stalingrado- afectan de manera indiscriminada a las prestaciones sociales se puede leer el artículo 21, repito la fecha, abril de 1793: “El socorro público es una deuda sagrada. La sociedad debe asistencia a los ciudadanos desgraciados, bien procurándoles trabajo, bien asegurando los medios de existencia para aquellos que no están en situación de trabajar.”
Frente a la pérdida de aliento del sistema de 1978, el nuevo proceso constituyente, un renovado contrato social, con un fuerte carácter anti-individualista, debería exigir, de entrada, la recuperación de la soberanía perdida (su ser es ser en acción) y la permanente exigencia a los gobernantes de sus responsabilidades públicas. Ante el descrédito del Estado y de las instituciones, y la desconfianza que generan los políticos, minados por abusos y corrupciones, Robespierre sostenía (1793) que “el principio de responsabilidad moral -imperativo mayor de la democracia, podríamos añadir- exige además que los agentes del gobierno rindan, en épocas determinadas y con bastante continuidad, cuentas exactas y circunstancias de su gestión. Que las cuentas sean hechas públicas por la vía de la impresión y sometidas a la censura de todos los ciudadanos. Que sean enviadas, en consecuencia, a todos los departamentos, a todas las administraciones y a todas las comunas.” Cambio 16, una de las publicaciones más influyentes en la Transición, recogía unas declaraciones de Felipe González, Secretario General del PSOE, a la salida del colegio electoral, 6 de diciembre de 1978, la jornada que refrendó la Constitución. Preguntado por la vigencia del texto que se sometía a votación respondió: “Espero que decenios y decenios, y si es posible, de un siglo a dos”. Nada como el desparpajo y el tronío.
En una reciente biografía, Robespierre. Una vida revolucionaria (2012), Peter McPhee narra, a modo de conclusión, las vicisitudes del reconocimiento del revolucionario. El 30 de septiembre de 2009, el pleno municipal de la ciudad de París rechazó la moción de un concejal (socialista) que solicitaba poner el nombre de Robespierre a una calle o a una plaza en la “Ciudad de la Luz”. El concejal, perplejo, argumentó que el dirigente jacobino era “primera y principalmente un revolucionario formado por los ideales de la filosofía de la Ilustración” y no “una caricatura de un verdugo sediento de sangre”. Y un formidable antecedente, se podría añadir, para un dinámico, necesario y urgente proceso constituyente que impulse otra forma democrática de vida en común.
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