En Madrid, unas 50 personas amenazadas de desahucio por el impago de sus hipotecas llevan tres noches durmiendo al raso en la llamada acampada Bankia ante la principal sucursal de esta entidad en la plaza de Celenque, cerca de la Puerta del Sol. Exigen un acuerdo a Bankia que evite que que unas 60 familias pierdan sus viviendas. Impulsada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Madrid y por varias asambleas de barrio del 15-M, la sentada comenzó el pasado lunes y continuará, dicen, hasta que logren negociar con Bankia un alquiler social y la condonación de la deuda.
Los manifestantes, que representan a medio centenar de familias afectadas por los desahucios, sólo han conseguido este martes entregar la documentación de 51 afectados, 17 de ellos de desahucios inminentes. Uno de los portavoces de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca ha indicado que a Bankia "no le tiembla el pulso a la hora de desahuciar a familias y que no ha tenido ninguna voluntad negociadora con los afectados".
La principal petición de estas familias es la dación en pago, para la que además están recogiendo firmas para presentar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de modificación de la Ley Hipotecaria. "Estamos aquí y no nos iremos hasta que haya una negociación seria que condone nuestra deuda o nos ofrezca un alquiler social", afirman en un comunicado.
Además, según un portavoz de la PAH, el representante de Bankia con el que mantuvieron la reunión aseguró que trasladaría estas peticiones a los departamentos correspondientes pero no se comprometió a recibirles de nuevo. Por ello, los activistas amenazan con mantenerse acampados hasta que les den una solución.
Hasta el momento, la protesta, en la que se han visto pancartas en las que se podía leer "Si Bankia es nuestra, sus casas también" o "Rescate a las personas y no a los bancos", ha transcurrido de forma pacífica. La Policía no ha intervenido, pero sí ha pedido la documentación a los concentrados, sin más consecuencias.
El Consejo General del Poder Judicial decidió ayer miércoles no asumir el contenido del informe Propuestas para la reforma y agilización de los procesos civiles, elaborado por un grupo de seis magistrados, coordinado por el vocal Manuel Almenar a instancias del propio consejo. El informe denunciaba los abusos del sistema de desahucios. Los jueces critican la “mala praxis” bancaria, la venta “torticera” de productos financieros y proponen transferir a los hipotecados las ayudas a la banca.
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