Hace unos días hemos conocido que la justicia Argentina investigará a Manuel Fraga, por haber formado parte del régimen franquista. El que fuera ministro de Información y Turismo (1962-1969) del Dictador Francisco Franco, a sus 90 años, deberá ver cómo su paso, del que nunca se ha retractado, por la dictadura se cuestiona desde un tribunal extranjero.
Así lo han pedido familiares de represaliados durante el franquismo y asociaciones para la recuperación de la memoria histórica a la jueza argentina María Servini, que está instruyendo una causa en ese país por los crímenes del franquismo bajo el principio de justicia universal, por el que se pueden investigar hechos de lesa humanidad ocurridos en otros países, tal como sucedió en España con represores argentinos.
La jueza federal María Servini libró un exhorto a España en el que solicitó nombres y domicilios de los integrantes del Consejo de Ministros y de los jefes de las fuerzas de seguridad que integraron el gobierno de facto del general Franco entre julio de 1936 y junio de 1977 y si se encuentran vivos, en el marco de esta investigación de crímenes relacionados con personas desaparecidas, asesinadas y torturadas durante la represión franquista, el número de niños apropiados y las empresas que utilizaron a presos políticos para hacer trabajo esclavo, entre otros datos, informaron fuentes judiciales.
Los tribunales argentinos cuestionan los acuerdos de la Transición española que garantizaron la impunidad de los crímenes del franquismo. Si las instituciones españolas respondieran a la petición efectuada desde el país latinoamericano tendrían que aportar información, entre otros, sobre el ex ministro franquista, fundador y presidente honorífico del PP Manuel Fraga, muñidor informativo del asesinato de Julián Grimau, o Rodolfo Martín Villa, responsable político de la muerte de activistas demócratas durante la llamada transición pacífica a la democracia y ex presidente de Sogecable.
Cuando hace unos años se presentó una propuesta en la comisión constitucional del senado en la que se pedía al Gobierno la rehabilitación ciudadana y democrática de la figura de Julián Grimau, víctima de la represión franquista, Manuel Fraga y todo el Grupo Popular se opusieron a la iniciativa, aprobada con los votos de los demás grupos políticos. El líder de la oposición antifranquista Julián Grimau, dirigente del Partido Comunista de España, fue torturado en la Dirección General de Seguridad donde intentaron asesinarle tirándole por la ventana tras su detención en 1962, luego fue juzgado por un tribunal militar sin las más mínimas garantías en un consejo de guerra por rebelión militar, unas horas después fue condenado a muerte.
El ministerio de Información desarrolló una intensa campaña de propaganda para contrarrestar la reacción internacional ante estos hechos tratando de identificar a Julián Grimau como un criminal. El ministro de Información era Manuel Fraga, que cuando desde las gradas del senado se le decía que pidiera perdón, no intervino en el debate, permaneció sentado en su asiento sin mover un músculo cuando él avaló aquel asesinato, ya que formaba parte del Consejo de Ministros presidido por Franco que no atendió ni la llamada del Papa. Fraga había dicho que justificaba el fusilamiento de Grimau al que tachó de sanguinario asesino.
Estos funcionarios, policías torturadores o ministros, se beneficiaron de la Ley de Amnistía aprobada en junio de 1977. Una auténtica Ley de punto final que garantizó su impunidad y cuyo contenido político sólo puede comprenderse recordando aquel célebre atado y bien atado con el que Franco tranquilizó a sus seguidores en los últimos días de su vida.
Han pasado más de treinta años desde que se produjeron estos crímenes, y los asesinos de centenares de defensores de la libertad no han sido condenados y siguen presentes en la vida política, algo impensable en una Democracia. Todos las afectados, víctimas, familiares y asociaciones, piden la anulación de los juicios de la dictadura y que se procese y condene a los responsables de estos crímenes para terminar con la impunidad en el estado español.
David Arrabalí
Publicado en Rebelión.org
05/01/12
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