4 de febrero de 2012

¿Reforma o Ruptura? ¿Monarquía o República?

En el final del franquismo, se abrió un debate que se definió como “reforma o ruptura” y que implicaba cuestionarse los fundamentos del sistema político, es decir, una de las posibilidades que se planteaban algunos sectores de la sociedad era adoptar el modelo de estado republicano.

Este debate duró muy poco tiempo. Desde que se aprobó la Constitución de 1978 no se ha abierto el debate sobre Monarquía o República, que en los últimos años se ha transformado en una cuestión de actualidad, en la que, según el historiador Víctor Ríos, inciden dos factores: la necesidad de recuperar la memoria histórica, rechazando el olvido y el punto final sobre lo que ocurrió durante la Guerra Civil y la Dictadura; y la necesidad de reexplicar la Transición y de hacer balance de la Constitución.

Con la monarquía vino a ocurrir, como dice Armando López Salinas en su libro “Notas de un testigo: La transición española inacabada”, lo dicho por Lampedusa en su novela "El Gatopardo", que es todo un tratado de filosofía política de las clases dominantes: es necesario que algo cambie para que todo siga igual. Se trataba de garantizar hasta donde fuera posible, en una nueva situación política, el dominio de una oligarquía que se había ido pasando con armas y bagajes del campo dictatorial al campo de la monarquía constitucional. Pese a todo y a pesar de ese ejercicio de travestismo político, mucha gente piensa que la monarquía de Juan Carlos es una continuación del franquismo. Esto es irrefutable y lo confirma cualquier análisis del sistema político y de la estructura social del estado español.

Ahora, parece que el pacto sobre la monarquía se resquebraja, no sólo por los errores que la casa real de los Borbones han cometido en los últimos años, incluidos indicios de corrupción en algunos de sus miembros. También por las ultimas decisiones judiciales del Tribunal Europeo de Estrasburgo que rechaza la sobreprotección de la Corona en caso de injurias y que censura la aplicación de estas normas para proteger a la monarquía, o que establecen cierta impunidad para sus actos.

A la vez, otra de las cuestiones que se han abierto al debate, más aún ahora por la sensibilidad social como consecuencia de la situación de crisis económica, son las cada vez más frecuentes criticas a la falta de control y fiscalización de las cuentas de la familia real española, aspecto que pueden generar descontento ante la opinión pública, y que ha conseguido llamar la atención sobre las prerrogativas y privilegios constitucionales del monarca, y abren una brecha de consecuencias impredecibles sobre la figura de la monarquía.

La Corona no puede ser jurídicamente otra cosa que un órgano fundamental del Estado, que, según la Constitución, como institución no electiva es inviolable y no está sujeta a responsabilidad de ningún tipo, por lo que la monarquía puede hacer lo que quiera, sin consecuencias, y no responder ante nada ni ante nadie. Además la monarquía española recibe de los presupuestos del Estado una importante cantidad para el sostenimiento de su familia que distribuye libremente y sobre la que no tiene que dar cuentas. Lo que es desde un punto de vista jurídico una increíble excepcionalidad.

La monarquía empieza a dar signos de debilitamiento. Esto abre la esperanza a que en el futuro se den las condiciones objetivas para un verdadero cambio de régimen, que hoy no es posible, resultado de un proceso constituyente participativo y democrático que tenga en cuenta los deseos del pueblo soberano. La Historia no está escrita, la tenemos que escribir nosotros, ¿sabemos qué puede pasar en el futuro?. Por ejemplo, es una incógnita lo que puede suceder cuando se produzca la sucesión del rey Juan Carlos por su hijo el príncipe Felipe.

Por este motivo, las mismas razones de fondo que antes existían para luchar en contra del franquismo existen hoy para luchar contra la monarquía y por la III República. Es posible, y es necesario, a medio plazo en nuestro país, un proceso constituyente participativo, con unas reglas que sean acordadas por la ciudadanía, que tiene que surgir de la propia tensión de la sociedad, no así del pacto de unas élites políticas. Del poder constituyente que deberá tener el pueblo surgirá la III República.

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