Campo abierto
La Marca España no vale un euro. El fiasco de Sacyr en Panamá demuestra que por ahí fuera no es tan sencillo dar el timo como aquí dentro y que las no- reglas a las que aquí nos quieren acostumbrar son vistas fuera como lo que son: tomaduras de pelo y corruptelas intolerables. En España es más que habitual que una empresa presente un presupuesto irrisorio para llevarse cualquier obra pública (o privada); un presupuesto que después se triplica o cuadriplica sin que nadie diga nada. El país está lleno de auditorios, carreteras, aeropuertos, hospitales…que acabaron costando cuatro veces más de su presupuesto inicial. Claro que en ese camino, desde que se adjudica hasta que se termina la obra (si es que se termina) se han forrado algunos y nos hemos empobrecido la mayoría. Las pérdidas y los sobrecostes de fiascos, timos y estafas tenemos la costumbre de socializarlas. Marca España.
No sólo en la construcción se estilan estas maneras, sino que en los últimos años esta ha sido una manera muy española de hacer negocios. Ha sido la norma también en la privatización/venta de cualquier servicio público, donde las empresas se presentan con precios que no tienen nada que ver con el coste real del servicio; coste que después tendrán que asumir los trabajadores en forma de despidos o de bajadas radicales de salario. Es lo que en derecho se llama “baja temeraria”, que aquí lejos de ser una razón de peso para excluir a la empresa en cuestión de cualquier concurso público se ha convertido, por el contrario, en la forma habitual de funcionar a base de chanchullos. Marca España.
Sacyr se presentó a las obras de ampliación del canal de Panamá con una oferta que era inferior a la siguiente en 1000 millones de dólares, más o menos lo que ahora le pide al gobierno Panameño para continuar con los trabajos. El precio no sólo era sustancialmente inferior al de las ofertas competidoras, sino inferior incluso al importe base de licitación: 3.481 millones. Los cables de Wikileaks mostraron en su momento cómo a los norteamericanos la oferta de la empresa española les parecía irrisoria y, según ellos, “no daba ni para hormigón”. Debe ser que allí los presupuestos y los contratos son cosas que hay que tomarse más o menos en serio. Porque además, no nos olvidemos de que los sobrecostos habituales en cualquier obra de esta envergadura: variaciones en el precio de las materias primas, de los salarios o imprevistos en la obra, todo eso ya estaba contemplado en el contrato y ha sido satisfecho cuando ha sido necesario por el gobierno panameño.
La actitud de Sacyr respecto a tontunas como la trasparencia, los controles legales, el cumplimiento de plazos y contratos etc. queda de sobra demostrada no sólo en su pretensión de cobrar 1200 millones más, sino que durante este tiempo de la obra ha venido ninguneando a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a quien ha presentado los sobrecostos como si ya los hubiera cobrado, como si fueran beneficios, además de engañar con los plazos y la marcha de la obra. Todo ello también muy marca España. Lo malo es que Sacyr no está operando en España, sino en Panamá y se ha encontrado con un gobierno que le exige que cumpla con su parte del contrato firmado o que justifique exactamente el dinero del sobrecoste, algo que a la empresa española, al parecer, le parece una pretensión inusitada.
Tal como están las cosas y teniendo en cuenta que estamos hablando de la ya consolidada marca España tendremos suerte si finalmente no nos toca pagar también el canal de Panamá. Lo veo venir.
Beatriz Gimeno es escritora y expresidenta de la FELGT (Federación Española de Lesbianas, Gays y Transexuales)
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