Daniel Raventós – Consejo Científico de ATTAC España
No ha habido ningún autor mínimamente serio que haya sido un defensor de lo que para simplificar podríamos llamar igualdad total. Si “igualdad total” son palabras con algún sentido preciso. Efectivamente, somos muy diferentes. Unas personas son jóvenes y otras casi centenarias, unas gozan de buena salud y otras la tienen muy precaria, unas prefieren la televisión a todas horas y otras lecturas de biología evolutiva, unas leer prensa deportiva y otras leer a Aristóteles, unas escalar montañas y otras atiborrarse de pornografía, etc. Constatar estas evidencias resultaría innecesario si no fuera porque en ocasiones estas grandes diversidades en las preferencias se utilizan para intentar defender situaciones sociales que no son producto de desigualdades más o menos neutras sino completamente inicuas. Hay desigualdades que no afectan a la libertad de la mayoría, pero hay otras que la comprometen cuando no la impiden.
Las grandes desigualdades económicas son un impedimento a la libertad de la gran mayoría. Cuando un poder privado es tan inmenso que puede imponer su voluntad o, más técnicamente, su concepción del bien, al resto de la sociedad o a una gran parte, la libertad de esta mayoría está seriamente afectada. Los poderes privados más desarrollados que actualmente pueden imponer su voluntad a la gran mayoría de la sociedad, incluidos muchos Estados que parecen estar a su servicio, son las grandes transnacionales. Mediante amenazas de distinto calibre (migración a otro lugar, cierre de fábricas) estas grandes transnacionales han conseguido, entre otros objetivos: rebajas del impuesto de sociedades, bonificaciones fiscales, adjudicación de terrenos de forma ventajosa respecto a otras empresas€ Es mucho el dinero que estas empresas dedican al cabildeo directo o indirecto. Un ejemplo, mero ejemplo: entre 1998 y 2004, 759 millones de dólares se emplearon por parte de las grandes farmacéuticas para influir en nada menos que 1.400 disposiciones del Congreso de EE UU. No es extraño que el que fuera presidente de aquel Estado, F.D. Roosevelt, llamara a estas empresas “monarcas económicos”. La razón es que atentaban contra la libertad de la república, una vieja tradición monárquica. Y lo siguen haciendo. Cuando la existencia material de millones de personas depende de la arbitrariedad de algunos pocos y potentes consejos de administración, la libertad del primer grupo peligra si no está ya sometida.
Es muy reconfortante para los que amasan grandes fortunas escuchar a periodistas y académicos que atribuyen la razón de estas acumulaciones al enorme mérito desplegado para conseguirlas. Grandes emprendedores o innovadores o genios financieros o working rich. No todo el mundo dispone de esos méritos y genios, y por tanto, hay que aceptar que es el pago justo a tanta genialidad. La desigualdad no sería sino el coste que hay que pagar a cambio: la desigualdad es la otra cara de la oportunidad. En un reciente libro, Andy Robinson, recordaba algunos datos que no hacen tan favorables las cosas para los muy ricos: el 40% de los 400 estadounidenses más ricos habían heredado más de un millón de euros de sus mayores. Con un millón o más de euros, sin contar relaciones, educación, amistades aportadas por las familias de origen, ya es una manera bastante ventajosa de empezar la carrera. Más gratificante es, empero, para estos tipos achacar a los méritos su privilegiada posición. Y siempre hay académicos y periodistas dispuestos a decírselo repetidamente para hacerles más grata a su ya afortunada existencia. Tampoco es necesario ser muy extremista a la hora de agasajar a los muy ricos y, en perfecta simetría, responsabilizar a los pobres de su desgraciada situación. No hace falta, por ejemplo, llegar a las propuestas de Thomas Nixon Carver, el que fuera catedrático de política económica en la Universidad de Harvard entre 1902 y 1935 y uno de los presidentes de la American Economic Association. Este pimpante economista proponía la esterilización de los “palmariamente ineptos”, es decir, a los que no alcanzaban un ingreso anual de 1.800 dólares. En los años 30, que es cuando se hizo la propuesta, esta cantidad abarcaba al 50% de la población de EE UU, es decir, a unos 60 millones de personas. No se andaba con pequeñeces el señor Carver. Pero, insisto, no hace falta llegar a tanto: es suficiente con que los periodistas y académicos mencionen el justo pago a los ricos por sus méritos y genialidades para justificar sus inmensas fortunas. A veces también debe acompañarse de la envidia que, según ellos, invade al resto. Moderadamente, no hace falta presentarlo de forma demasiado dura, no.
El informe acabado de publicar de UBS (antiguamente se conocía como Unión de Bancos Suizos) Wealth-X and UBS Billionaire Census 2013, indica que en el reino de España hay 22 milmillonarios que acumulan una fortuna de 74.000 millones de dólares, lo que equivale a más del 5% del PIB del reino. Sí, solamente 22 personas acumulan esta increíble fortuna. Y los 2.170 humanos que en el 2013 atesoran 6,5 billones (trillones en inglés de los EE UU) de dólares (por cierto, un 60% más desde el año 2009 en plena crisis) disponen de la misma fortuna que representa todo el PIB mundial menos el de la China y los EE UU. Esos 2.170 y algunos más son los que están en el extremo privilegiado de las grandes desigualdades. Este poder privado es tan inmenso que impone su voluntad o, más técnicamente, su concepción del bien, a una gran parte de la sociedad. Y la libertad de esta mayoría está seriamente amenazada.
Profesor de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona y presidente de Red Renta Básica
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